La regla
El Portal Europeo de e-Justicia lo formula así (original en inglés): «If the authorities of the receiving EU country require a certified translation of the public document presented by the citizen, they must accept a certified translation made in any EU country». Es decir: si la autoridad exige una traducción certificada, debe aceptar la hecha en cualquier país de la UE.
Es una obligación de la autoridad receptora, no una recomendación.
Qué cubre el Reglamento y qué no
Solo determinados documentos públicos. El portal enumera, entre otros:
- Nacimiento y fe de vida.
- Defunción.
- Matrimonio, capacidad para contraerlo y estado civil.
- Unión registrada.
- Domicilio o residencia.
- Ausencia de antecedentes penales.
Los diplomas y otros documentos educativos no están en la lista, por lo que el Reglamento no los cubre.
El límite que suele olvidarse
Una frase merece atención (original en inglés): «The Regulation deals with the authenticity of public documents but not with the recognition of their legal effects in another EU country». El Reglamento trata de la autenticidad del documento, no del reconocimiento de sus efectos jurídicos, que sigue rigiéndose por el derecho nacional.
Qué más suprime el Reglamento
- La apostilla entre Estados miembros para estos documentos.
- La obligación de presentar a la vez original y copia certificada.
- La propia traducción, si se adjunta un formulario multilingüe: solo puede exigirse en circunstancias excepcionales.
En la práctica
Si otro Estado miembro rechaza su traducción porque «no se hizo aquí», dentro del ámbito del Reglamento ese motivo no se sostiene. Remitir al cliente a la norma y a su fuente suele ayudar más que hacer una segunda traducción. Fuera de ese ámbito —diplomas, por ejemplo— no se aplica.
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